Conjeturas de todo tipos originan amenazas a funcionarios haitianos por muerte de su presidente

  Carl Henry Destin, segundo desde la derecha, juez de instrucción, con agentes de policía recogiendo pruebas frente a la residencia de Moïse en Puerto Príncipe, el 7 de julio.

Las autoridades que recabaron pruebas en el asesinato del presidente Jovenel Moïse –dos funcionarios judiciales y un juez de instrucción– están ahora escondidos.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Ellos examinaron los cuerpos del presidente asesinado de Haití y de los mercenarios acusados de conspirar para matarlo. Ahora están escondidos, cambiando de lugar cada pocas horas, con una mochila llena de documentos legales que podrían determinar el destino del juicio más importante de Haití en décadas.

Un juez y dos funcionarios judiciales que recogieron pruebas para la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse dijeron en entrevistas y en quejas formales a la fiscalía que recibieron llamadas telefónicas y visitas de desconocidos que los presionaron para que modificaran las declaraciones juradas de los testigos. Si no accedían, les dijeron, podían “esperar una bala en la cabeza”.

Sus peticiones de ayuda a las autoridades fueron ignoradas, dijeron los funcionarios judiciales Marcelin Valentin y Waky Philostène, y el juez de paz, Carl Henry Destin, lo que ha provocado que sus vidas corran peligro.

Las amenazas también pusieron en peligro una investigación que, según los expertos, se vio empañada desde el principio por irregularidades, y que muchos haitianos temen que no revele la verdad sobre el asesinato, a pesar de las promesas de los actuales dirigentes del país de hacer justicia de manera rápida.

“Hay grandes intereses en juego que no están interesados en resolver este caso”, dijo Valentin. “No hay avances ni voluntad de encontrar la verdad”.

Durante una entrevista en una casa de seguridad de Haití, Valentin y Philostène describieron haber sido testigos de numerosas violaciones del procedimiento cuando acompañaron a los jueces de instrucción a la residencia del presidente y a los domicilios de los sospechosos. La policía trasladó los cuerpos de los sospechosos de ser asaltantes, se llevó algunas de las pruebas y les negó el acceso a la escena del crimen durante horas, dijeron, en una violación al código legal de Haití.

Más de tres semanas después de que los asaltantes irrumpieran en la residencia de Moïse y le dispararan 12 veces en su dormitorio, los investigadores haitianos han detenido o están buscando a más de 50 sospechosos. Pero ninguno de los 44 detenidos —incluidos los 18 comandos retirados colombianos acusados de participar en el asalto a la residencia presidencial y los más de una docena de agentes de seguridad encargados de proteger a Moïse— ha sido acusado o llevado a juicio.

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