ANÁLISIS SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Continuando con nuestra reflexión acerca del Análisis sobre la Competencia del Tribunal Constitucional y para darle mayor énfasis a los planteado en la primera entrega voy a señalar algunos ejemplos de Tribunales Constitucionales de algunos países y que han basado sus decisiones tomando en cuenta el Bloque Constitucional específicamente las Opiniones Consultiva, sentencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos para declarar la inconstitucionalidad de una norma o resolución judicial.

Ante todo es importante aclarar que el Bloque Constitucional es el conjunto de normas nacionales e internacionales que tratan de los derechos humanos y comprenden 150 tratado y protocolo y otras normas de derecho internacional y que se han denominado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre ellos podemos citar a modo de ejemplo la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos adoptada en San José Costa Rica el 22 de noviembre del 1969; Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16 de diciembre del 1966; Convención Sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer publicado en Panamá en noviembre del 2010; Convención Sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre del año 1989; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre del 2006; el Protocolo de San Salvador adoptado en el Salvador el 17 de noviembre del 1988; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como también los derechos de los niños, los indígenas, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, los presos, y tantos otros.

Los Estados han contraído la doble obligación de: a) respetar los derechos humanos, y b) garantizar su libre y pleno ejercicio. Además, en conexión a este “deber de garantía”, el artículo 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos estipula el deber de los Estados de adoptar las medidas legislativas “o de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En todo esto está claro que un papel medular le corresponde a los tribunales nacionales. Que, como parte del aparato de Estado, se encuentran en la obligación de articular las normas y comportamientos de las autoridades del Estado con los compromisos internacionales del Estado del que forman parte activa.

En esa perspectiva, los tribunales nacionales tienen un papel crucial como garantes de los derechos establecidos en los compromisos internacionales.
Tanto porque el acceso a los órganos internacionales de protección está sujeto al previo “agotamiento de los recursos internos” como porque en la puesta en práctica de las decisiones vinculantes de un órgano como la Corte Interamericana, los tribunales nacionales tienen una función capital que desempeñar.

Es por ellos que la constitución peruana señala que: “las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos… y sus Opiniones Consultivas sobre la misma materia, resultan vinculantes para el Estado peruano, y que, al formar parte del ordenamiento jurídico nacional, según el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, desconocer dichas resoluciones internacionales podría significar una infracción constitucional o, peor aún, un delito de función, conforme al artículo 99 de la Norma Fundamental.”

La misma Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el “derecho a la verdad” y el “derecho a la justicia”, remitiéndose siempre a sentencias de la Corte Interamericana. Así, por ejemplo, en la sentencia C-282 de 2002 enfatizó el sustento de tales derechos, entre otros aspectos, en sentencias de la Corte expresamente referidas.  Citando los casos Velásquez Rodríguez y Barrio Alto.

Finalmente, la referida Corte Constitucional colombiana se remitió a la
Corte Interamericana y su jurisprudencia para declarar inconstitucional parte de la tipificación de la figura de las desapariciones forzadas contenida en el artículo 165 de la ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal aplicando el control de convencionalidad de las leyes en su modalidad concentrada como se señaló en la primera entrega.

El derecho a la protección judicial de los derechos humanos ha sido un aspecto importante tratado en diversas ocasiones por la Corte Constitucional de Colombia y por el Tribunal Constitucional del Perú. En efecto, la Corte Constitucional colombiana ha consolidado ciertos principios importantes a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra la norma del Código de Procedimiento Penal de ese país, en el que se regula la constitución del agraviado en parte civil. En su decisión, la Corte Constitucional afianzó los principios que amparan los derechos de las víctimas; citando la Opinión Consultiva OC-9/87, enfatizó que la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma. Cita in extenso la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Barrios Altos”, para señalar que son “…contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, las leyes que dejaban a las víctimas sin la posibilidad de saber la verdad y obtener justicia”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reafirmado, entre otros aspectos, el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione un derecho fundamental.
Enfatizo que este derecho “De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese sentido, no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio”.

En estas líneas se expone la viva dinámica que se está construyendo entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de importantes tribunales de la región, en particular algunas cortes o tribunales constitucionales. Éste es un ingrediente fundamental en el proceso de traducir en los procesos jurídicos e institucionales al interior de los países los desarrollos jurídicos e institucionales internacionales en materia de derechos humanos.
Claro está que resulta más convenientes para los pueblos que los tribunales domésticos juzguen las leyes y resoluciones locales a que los juzgue un Tribunal Internacional, ese es el motivo de mi humilde sugerencia y que está sujeta a discusión ya que no soy ni pretendo ser el dueño de la verdad.  

En la próxima entrega expondré sobre el procedimiento llevado a cabo en la RD. Para elegir al Defensor del Pueblo y como investigan para excluir contrario a una política de inclusión que deben llevar a cabo los Estados

Que el Todo Poderoso ilumine a nuestras autoridades en este tiempo difícil

Lic. Pedro Manzueta Belén

Bibliografía; “La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional”;
Tomo lX “Derechos Humanos y Tribunales Internacionales”
Estudio en homenaje a Héctor Fix-Zamudio

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