Las fiscalías de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago al parecer han establecido como política en casos de violencia intrafamiliar y de género, realizar acuerdos penales con hombres que han agredido y/o maltratado a sus parejas o exparejas.
Datos elaborados el 14 de octubre de este año, el Poder Judicial registraba 843 casos de los cuales 209 se firmaron en el Distrito, 121 en San Pedro y 111 en Santiago.
En las demás demarcaciones del país el número está por debajo de 40, y se destaca también que 10 departamentos tienen cero acuerdos.
Por ahora solo se ha podido identificar los casos de Anibel y Juana Domínguez Salas, asesinada el pasado lunes, debido a que ni el Ministerio Público, ni el Ministerio de la Mujer ni las instituciones que trabajan para la prevención de violencia intrafamiliar y de género, tienen estadísticas de casos con las mismas características de estas dos madres que han dejado en orfandad a siete hijos.
En la Procuraduría General de la República, órgano que dirige el Plan Nacional contra la Violencia de Género, no existe un protocolo o una base de datos en la que se establezca si las mujeres asesinadas por sus parejas tenían proceso judicial abierto y qué curso se les dio a esos casos.
Tampoco se sabe cuántas mujeres murieron a manos de sus exparejas o parejas luego de llegar a acuerdos por procedimiento penal abreviado y suspensión condicional de procedimiento.
En el departamento de Violencia de Género se informó a reporteros de Diario Libre que desde el año pasado en adelante es cuando se ha venido creando una base de datos en donde se establece si una mujer asesinada había o no denunciado.
Comentarios
Publicar un comentario